Los líos que rodean al relleno Doña Juana

El debate sobre el destino de Doña Juana quedó nuevamente sobre la mesa desde que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, propuso ampliar la vida útil del relleno por 37 años más.

“Ya terminamos los estudios técnicos para extender la vida del relleno sanitario Doña Juana, por lo menos por 37 años adicionales, haciéndolo de una manera mucho más técnica, de una manera que no genere ningún tipo de problemas a los sectores cercanos”, anunció el mandatario el pasado 28 de enero ante el Concejo de Bogotá.

A raíz de su pronunciamiento, el Representante a la Cámara por Bogotá, Inti Asprilla, radicó este miércoles una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde le solicita al magistrado del Tribunal que interrogue a Peñalosa para que explique por qué dijo que ampliará la licencia Doña Juana por  37 años más sin antes haber presentado un estudio de la  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).

“Dadas las recientes declaraciones del alcalde Peñalosa, se busca que el juez administrativo lo llame a rendir interrogatorio para que explique cuáles son sus planes de ampliar ese relleno sanitario, por cuanto no se han tenido todavía acceso a los estudios técnicos que él está diciendo.  La acción buscar desde el ámbito judicial que Peñalosa respete los derechos de los habitantes del sur de la ciudad. Ese relleno, como es bien sabido, tiene grandes problemas desde hace tiempo”, destacó a PUBLIMETRO el representante.

Esta acción se suma a la que Asprilla interpuso a mediados del 2017, ante Tribunal Administrativo de Cundinamarca,  con el fin de que se cumpla “la resolución de la licencia ambiental del 2014 que exige otro sitio de disposición final”.

Cabe señalar que la actual licencia ambiental del relleno autoriza su funcionamiento hasta el año 2022 o hasta que se complete su capacidad de disposición, que se calcula finalice en septiembre del 2023. Con los planes de la Administración el botadero seguiría funcionando hasta 2060, aproximadamente.

“Se busca que desde el plano judicial el juez tenga los elementos necesarios para tomar una decisión, en el sentido de ordenarle a la Alcaldía que no prolongue el relleno sanitario y que cumpla con la licencia ambiental. Es pasar el debate político a los estrados judiciales”, resaltó Asprilla.

Quieren tumbar el aumento en la tarifa de aseo

La petición del representante Inti Asprilla no fue la única que se radicó este miércoles con relación al relleno, dado que José Cuesta, aspirante a la Alcaldía de Bogotá,  presentó ante los Juzgados Administrativos de Bogotá una acción popular para que se detenga el ajuste tarifario (alza en la tarifa de aseo) que autorizó el año pasado la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para aliviar la crisis de Doña Juana.

“Con esa Acción se busca que se detenga el cobro injustificado que se está realizando actualmente por un servicio no prestado a los bogotanos. También, que se investigue y sancione por parte de los entes de control competentes a los responsables de ese acto de corrupción, para que se devuelva a todos los usuarios del servicio de aseo los dineros que pagaron desde cuando se hizo efectivo el aumento hasta la última fecha de pago”, resaltó Cuesta.

Esta acción popular se da luego de que la Contraloría General de la Nación advirtió que dicho aumento habría sido irregular: “se evidencio que la modificación, otorgada mediante Resolución CRA 843 de 2018, no consideró la ausencia del permiso de vertimientos, la vida útil del relleno sanitario Doña Juana y la licencia ambiental, por lo que va ‘en contravía de la normatividad ambiental y en detrimento del medio ambiente’.  Sin permiso de vertimientos, no se puede realizar el cobro del componente de Costo de Tratamiento de Lixiviados”, resaltó en su  momento máximo órgano de control fiscal del Estado

Es importante recordar que cuando el alcalde Peñalosa lanzó la idea de ampliar el relleno,  explicó que la propuesta va de la mano con una serie de obras que buscan optimizar el funcionamiento del botadero, entre las que se destacan la construcción de una planta de tratamiento de lixiviados (líquido contaminado que sale de la basura), cuyo costo se estima en $80.000 millones;  también, se prevé la adecuación de dos diques,  que son unos muros de contención para que los residuos no se deslicen, los cuales costarían cerca de  $120.000 millones.

En ese momento,  la  directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Beatriz Elena Cárdenas, resaltó que estos recursos están soportados con el ajuste tarifario del año pasado, por lo que los ciudadanos no tendrán que pagar un peso más por la realización de dichas obras.   

Lo cierto es que mientras estas discrepancias se resuelven, la tarifa de aseo seguirá llegando a los bogotanos con el aumento autorizado para mitigar los líos de Doña Juana.

Los líos que rodean al relleno Doña Juana

Además de lo antes mencionado, La W relevó este miércoles “documentos que evidencian presuntos sobrecostos de hasta 1000% en operación de Doña Juana”, a cargo del operador CGR.

Según el informe, estos sobrecostos, que superan los $29.000 millones, ocurrieron entre los años 2015 y 2017.

Adicionalmente, fuentes cercanas al proceso le dijeron al medio de comunicación que los malos manejos financieros por parte del operador CGR Relleno Sanitario Doña Juana buscaban evidenciar la falta de recursos para solicitar un aumento justificable en las tarifas de aseo. Situación que llevaría a un aumento de hasta 30% en las tarifas de aseo que pagan los bogotanos.

Frente al tema, el operador de Doña Juana manifestó que “no son ciertas las versiones en medios de comunicación que señalan unos sobrecostos de hasta el 1.000% en la compra de insumos para el funcionamiento del relleno sanitario. La información que aparece citada es falsa, teniendo en cuenta que lo que evidenció CGR en la solicitud de la modificación de costos a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) fue la existencia de unas tarifas deficitarias que no alcanzaban a remunerar las actividades ordenadas en la licencia ambiental”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el operador recalcó que se presentaron ante la CRA unas proyecciones de costos eficientes para el año 2017: “la solicitud de modificación de costos fue radicada el pasado 4 de septiembre de 2017 y la decisión final fue tomada el 19 de Julio del 2018 mediante resolución CRA 843 de 2018, lo que significa que en 2017 por sustracción de materia es imposible que se hubiesen generado sobrecostos”.