Sube cifra de señalados narcos que no tienen para pagar abogado

Alberto Giovany Silva Causil, señalado por la Policía y la Fiscalía de estar vinculado a una poderosa red de lavado de activos que habría blanqueado más de 20.000 millones de pesos para tres carteles de la droga mexicanos, es uno de los extraditables que hoy tiene como abogado a un funcionario de la Defensoría Pública pagado con dinero del presupuesto nacional.

Aunque Silva Causil, capturado en mayo del año pasado por petición de una Corte de Estados Unidos, fue presentado como un exitoso empresario con negocios en un reconocido centro de comercio de Bogotá, no es defendido en su trámite de extradición por un abogado de confianza pagado por él, sino por un defensor de oficio del sistema público de apoyo a las personas que no tienen cómo financiar a un abogado.

Un defensor de oficio también representa a Arbey Díaz Figueroa, alias el Químico, capturado en mayo del año pasado y quien fue presentado por las autoridades colombianas como uno de los más buscados por agencias federales de EE. UU., señalado de manejar una lucrativa red de tráfico de droga por el Pacífico que sacaba la cocaína del país en lanchas rápidas y veleros que, según las autoridades, iban para mercados de Estados Unidos y Europa.

En registros de la Corte Suprema también figura que Gonzalo Enrique Botero, señalado de enviar heroína a EE. UU. a través de una red de correos entre 2013 y 2015, fue representado por un abogado público en su trámite de extradición.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, el número de extraditables que han pedido estar acompañados por abogados pagados por el Estado viene en aumento. El año pasado se recibieron 114 solicitudes para acompañar ese tipo de trámites judiciales, mientras que entre los años 2016 y 2017 las peticiones fueron 180.

Fuentes de la Defensoría señalaron que una vez se reciben las solicitudes inmediatamente se tramitan para que un funcionario se reúna con el extraditable y lo acompañe en el procedimiento que requiere.

El abogado Carlos Gilberto Gómez Cifuentes señaló que no hay ningún mecanismo para que la Defensoría del Pueblo pueda establecer si quien solicita sus servicios realmente no tiene cómo pagar un abogado y que ese acompañamiento por principio legal no se puede negar a los peticionarios.

Añadió que el trámite de la extradición en Colombia es un asunto “prácticamente notarial” que solo verifica aspectos como la identidad de la persona y no profundiza en el estudio de evidencias, pues el proceso y las evidencias del mismo están en el país que lo requiere.

Algunos capturados con fines de extradición prefieren ahorrar esa plata y tenerla disponible para pagar el abogado que los acompañe en el juicio ante la Corte extranjera que los requiere

“Algunos capturados con fines de extradición prefieren ahorrar esa plata y tenerla disponible para pagar el abogado que los acompañe en el juicio ante la Corte extranjera que los requiere”, añadió Gómez Cifuentes.

Para el penalista Pedro Nel Escorcia, tendría que existir la posibilidad de que la Defensoría pueda verificar rápidamente si la persona que solicita un abogado realmente no tiene cómo pagarlo, garantizando que el servicio sea prestado a quienes lo necesiten.

Hay personas que abusan del Estado, es como si una persona de estrato seis tiene Sisbén cuando tiene las posibilidades económicas para vivir sin los beneficios sociales que se financian con los impuestos”, indicó Escorcia.

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