Tribunal de la OEA supervisará la elección del Fiscal General de El Salvador

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una especie de tribunal de primera instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), dará seguimiento al proceso de elección del Fiscal General de El Salvador.

Este fue el resultado de la audiencia en Washington DC en la que el Estado salvadoreño fue emplazado por varias organizaciones que cuestionan el procedimiento para seleccionar al titular del Ministerio Público de entre 17 candidatos.

La CIDH tiene mandatos vinculantes u obligatorios para los Estados miembros del organismo continental.

Los demandantes están agrupados en la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), instancia que desde Washington trabaja en la vigilancia de los procesos de aplicación de la justicia en la región y es quien coordinó la presentación junto al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo (FUNDE), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y Cemujer, entre otras organizaciones que han pedido la intervención de la CIDH.

Caso de Luis Martínez abrió la audiencia

Al iniciar la audiencia, la parte demandante abrió la presentación mostrando la imagen del ex fiscal general, Luis Martínez, procesado por múltiples delitos, desde corrupción, obstrucción de justicia y abuso de poder entre otros, por lo que ya enfrenta la primera pena de cinco años de prisión impuesta por la justicia salvadoreña.

La oficial del programa de DPLF, Úrsula Indacochea, se refirió a la imagen que cubría las pantallas del Salón Padilha Vidal, del edificio administrativo de la OEA y sede de la CIDH, con la leyenda: “El fiscal que vendía la justicia”, para explicar la razón de la advertencia.

“Quisiera iniciar mi intervención con la lámina que tienen puesta en frente de ustedes. Esta lámina muestra una lamentable historia de horror: el más alto funcionario de perseguir la corrupción en El Salvador, el ex fiscal general está actualmente acusado, detenido y procesado por ser precisamente parte de la red de corrupción”, explicó Indacochea.

La representante dijo que esto es parte de las preocupaciones en la sociedad civil salvadoreña por la “opacidad” con la que la Asamblea desarrolla el proceso de selección de los candidatos para el cargo.

El período del actual fiscal, Douglas Meléndez, concluye el 5 de enero de 2019. El funcionario es candidato a la reelección.

Los cuestionamientos

Preocupa sobremanera a los peticionarios que hasta la fecha, luego del fiasco en la elección del anterior fiscal Luis Martínez, se mantenga el esquema de selección del titular del Ministerio Público, porque los compadrazgos políticos y los arreglos tras bastidores pueden llevar a repetir una situación similar.

Además, los demandantes adelantaron a la Comisión, presidida por Margaret May Macaulay, y los relatores, Esmeralda de Troitiño, Joel Hernández y Edison Lanza, que las preocupaciones de las organizaciones radican en que el proceso de elección del Fiscal General tiene serios “vacíos constitucionales” y de forma , por lo que urge un pronunciamiento de la CIDH para acoplar esas normas a estándares internacionales.

“El proceso de elección del Fiscal General tiene una casi absoluta falta de regulación. Ni la Constitución, ni la Ley Orgánica y apenas unos pocos artículos del reglamento interno de la Asamblea Legislativa regulan este tipo de elección; pero además de eso en la convocatoria en curso en este proceso, se abrió, se cerró, se presentaron 32 candidatos, se les entrevistó y se les evaluó y aún no existen las reglas para este proceso; ni criterios de evaluación que al menos se hayan hecho públicos. Han anunciado una lista corta, pero la sociedad civil no tiene ni idea de cómo se llegó a esa lista”, ahondó Indacochea.